El abogado de una banda de estafadores, pieza clave para desplazar al fiscal que investigaba lazos entre juego ilegal y política
Nelson Rodolfo Ugolini es el personaje clave que, al ser descubierto, sin quererlo destapó hacia 2020 un esquema sistémico de corrupción institucional que vinculaba a sectores de la política y ...
Nelson Rodolfo Ugolini es el personaje clave que, al ser descubierto, sin quererlo destapó hacia 2020 un esquema sistémico de corrupción institucional que vinculaba a sectores de la política y la Justicia en Santa Fe. Trabajaba en la Fiscalía Regional de Rosario y desde adentro les aseguraba a sectores criminales protección e impunidad a cambio de dinero. Mientras espera juicio por eso este lunes quedó con prisión preventiva por plazo máximo por integrar una banda de estafadores que se apropiaba de automóviles para venderlos. Su rol: ser el abogado de la organización que cometió unos 50 fraudes con vehículos, por un provecho como mínimo de 600 millones de pesos.
Algo notorio para el caso es la centralidad que este graduado en Derecho de 38 años, un presunto estafador, mantiene dentro de una causa en transcurso en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) precisamente contra el fiscal que investigó esa madeja de corrupción que lo incluye. Ocurre que cosas dichas o tramadas por Ugolini tienen en buena parte su efecto sobre la acusación al fiscal de Delitos Complejos Matías Edery, que descubrió esa trama opaca entre el delito y la política y la puso al desnudo. Hoy Edery está suspendido e imputado en un trámite que lo acusa de haber dado cobertura ilícita a una testigo protegida a cambio de sus informaciones.
A inicios de 2020 en el teléfono de uno de los autores del atentado homicida contra el Casino de Rosario se encontró un mensaje que demostraba que recibía información desde adentro de la Fiscalía de Rosario. El que la suministraba era Nelson Ugolini quien trabajaba en una oficina que acumulaba información estratégica de ese organismo. Se desempeñaba junto al fiscal Gustavo Ponce Asahad, ya condenado por corrupción, y con Patricio Serjal, el fiscal regional de Rosario, que este año será juzgado con Ugolini por esos mismos hechos.
Ya separado del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ahora se sabe que en 2023 Ugolini utilizó su condición de abogado para conectarse con un grupo de estafadores establecidos en Rosario pero oriundos como él de Venado Tuerto. Lo que hacía esta asociación ilícita, según los fiscales Pablo Lanza y Fernando Dalmau, era contactarse con personas que ofrecían sus autos en avisos clasificados y captar la confianza para aprovecharse de ellos con varios propósitos: apoderarse de sus vehículos, hacerlos tomar en bancos créditos prendarios y hacer entregas voluntarias de dinero.
Esto hace tres semanas explotó en un escándalo de los damnificados frente a una de las dos concesionarias que los estafadores abrieron como fachada de sus maniobras. Allí apareció Ugolini hablando como abogado incluso en notas televisivas. Luego se determinó que más que un asesor externo él mismo era engranaje clave de la banda de timadores.
Según el fiscal Lanza, Ugolini era quien daba al grupo el andamiaje jurídico para perpetrar las maniobras, confeccionar documentos y conformar cooperativas. En los relatos de las víctimas apareció que Ugolini amedrentaba y amenazaba cuando éstas, al advertir los fraudes, iban a la concesionaria a reclamar. "Se defendió diciendo que lo habían contactado solo para un asesoramiento legal. No es lo que aparece en la evidencia", le dijo a LPO el fiscal Fernando Dalmau.
El fiscal Matías Edery
Este lunes Ugolini quedó por decisión judicial con prisión preventiva por ser actor central de una banda que para apropiarse de vehículos y dinero se basaba en el engaño. Y es un engaño surgido de alguien que fue un resorte importante en la distribución de acciones e influencias en la Fiscalía Regional de Rosario.
Ugolini era quien en 2020 mandó un mensaje con datos que explicaban a un delincuente cuál era la situación de dos detenidos que iban a cometer un atentado incendiario en el Casino. El organizador de ese atentado, luego condenado, era Maximiliano "Cachete" Díaz. Por entonces Díaz quería averiguar la suerte corrida por sus cómplices detenidos. Para ello acudió al capitalista de juego Leonardo Peiti que tenía una relación privilegiada con la cúpula de los fiscales porque le pagaba a cambio de impunidad.
Cachete Díaz era ladero de Guille Cantero, jefe de la banda de Los Monos, que extorsionaba a Peiti a cambio de dejarlo trabajar sus emprendimientos y le pedía favores. Uno de esos favores fue que le averiguaran, a través de sus contactos en Fiscalía, lo ocurrido con los dos presos. Peiti entonces le preguntó eso a su enlace en la Fiscalía. El encargado de responderle con un mensaje de whatsapp fue Ugolini.
Esto hizo que los fiscales que investigaban el atentado al Casino abrieran un legajo paralelo al descubrir que había un topo dentro en la oficina del jefe máximo de la Fiscalía de Rosario. Descubrieron una ensalada que mezclaba en una misma trama a actores del crimen organizado con dirigentes políticos y funcionarios judiciales. Peiti quería ser el capitalista de juego online legalizado en Santa Fe y para eso hizo gestiones para conectarse con el senador Armando Traferri, referente histórico del peronismo santafesino que es hasta ahora un actor gravitante en el esquema de poder provincial.
El senador Traferri
Esto derivó en que los fiscales Edery y Luis Schiappa Pietra impulsaran una acción contra Peiti, quien fue condenado en un juicio abreviado, y buscaran imputar a Traferri, a quien atribuían cobrar dinero de Peiti para hacerle de lobbista en su afán de participar del juego online. El Senado provincial rechazó despojar a Traferri de sus fueros por lo que nunca pudo ser imputado.
Hubo sí una fuerte acción para correr a los fiscales Edery y Schiappa Pietra del caso. Lo que finalmente empezó a ocurrir cuando los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca acusaron, en noviembre de 2023, a Edery de haber omitido investigar a la testigo protegida Mariana Ortigala, que actuaba como informante en una de las causas más importantes de Edery. El aporte de Ortigala contribuyó a la sentencia a perpetua de Esteban Alvarado, uno de los mayores referentes criminales de Rosario.
A Edery lo acusaron de proteger a Ortigala, una mujer conectada con Los Monos que administraba 15 propiedades como aparente testaferro de Guille Cantero sin tener solvencia económica para ello. Al mismo tiempo salían a la luz conversaciones íntimas de Edery con dos mujeres implicadas en causas penales que le valieron a este fiscal una auditoría y una sanción legislativa de cuatro meses que termina en estos días.
Cuando Peiti declaró en dos causas abiertas contra él (una en Rafaela y otra en Cañada de Gómez) había dicho que la culpa de que él nunca denunciara que estaba extorsionado por los Monos era porque una empleada que trabaja con Edery, Carla Belmonte, era amiga de Mariana Ortigala. Y que por esa cercanía Los Monos, si los denunciaba, se iban a enterar.
Según Edery y Belmonte esa declaración es por completo falaz e interesada. Ellos señalan que fue guionada por el mismo Ugolini, un individuo poco fiable, ahora preso por ser el abogado de una banda de estafadores. Lo que dicen Edery y Belmonte es que Ugolini tenía muy fuerte influencia sobre el capitalista de juego Peiti. "Había un soplón (Ugolini) dentro de la fiscalía y por eso nunca Peiti denunció nada. Porque Ugolini manejaba a Peiti y lo hizo mentir. Mientras tanto fiscales federales declararon en la Legislatura de Santa Fe que pudieron investigar penalmente a Ortigala gracias a que Edery les pasó los datos para hacerlo", dice Gustavo Francheschetti, abogado de Edery.
¿Cómo infieren los afectados que Ugolini guionó la declaración de Peiti contra Edery y Belmonte que los señala cómo protectores de Ortigala? Porque en el teléfono secuestrado a Ugolini, contó Edery en sus declaraciones, se encontraron denuncias contra el propio Edery y la empleada ahora investigados acusándolos de maniobras para proteger a Ortigala. Con denuncias finalmente activadas en ese sentido estos fiscales que descubrieron a Ugolini fueron desplazados del caso. Ugolini por tanto consiguió lo que buscaba. Lo mismo los políticos que habían sido implicados en el caso.
Ahora las fiscales María Laura Urquiza y Bárbara Ilera tiene imputado a Edery y acaban de acceder a que tres jueces autoricen a abrir los teléfonos tanto de él como de Belmonte. Edery y Belmonte son dos personas que investigaron al crimen organizado, lograron condenas en casos resonantes de violencia e iban ahora contra actores políticos.
"Ugolini es la persona que objetivamente usó su teléfono para pasar él información a violentos porque sus jefes cobraban con eso. Fue él quien ayudó a Peiti dando la información que le pedía Cachete Díaz. Y fue él quien propició la declaración de Peiti señalando que Belmonte protegía a Mariana Ortigala. Tenía sentido hacerlo porque esta empleada era parte del equipo de investigadores que querían pedir condena contra él y lo llevaron a juicio. Y Ugolini logró su objetivo porque ahora sus acusadores están corridos de la investigación y con un proceso penal", dice Franceschetti
No solo lo logró Ugolini sino que apartar a estos fiscales de la investigación era el propósito manifiesto del senador Traferri a quienes Edery y Schiappa Pietra atribuyeron en audiencias ante jueces de recibir 200 mil dólares como mínimo de Peiti. "Ugolini armó una estrategia para culpar a quienes lo investigábamos. Logró que se vayan a reabrir causas ya investigadas. Y el disparate astronómico de que se señale como sospechosa de tener conexión con Los Monos a una empleada que los investigó durante casi 20 años con dedicación y de manera exitosa", sostuvo Edery en reiteradas declaraciones periodísticas y judiciales.
Este lunes Ugolini quedó preso por el plazo de ley, que implica dos años durante el trámite, junto a otras seis personas por las estafas con vehículos. Los detenidos son nueve en total y a él le atribuyen haber diagramado la estructura jurídica de esta asociación ilícita. Fue echado del MPA de Rosario al descubrirse que alimentaba con información interna a delincuentes. En agosto de 2023, esperando ese juicio en libertad, se rematriculó como abogado. Como abogado un año después vuelve a quedar preso.