La construcción de la cárcel federal de la ciudad de Coronda está paralizada, la finalización de la obra estaba programada para octubre de 2023. El penal pretendía alojar por lo menos a 490 presos federales y así descomprimir plazas en el Servicio Penitenciario provincial. La obra, que comenzó en diciembre de 2015, registra un avance que supera el 93% y demandó una inversión de $344.000.000, a valores históricos.

AIRE confirmó de manera exclusiva que los últimos trabajadores se retiraron el jueves pasado y solo quedaran los serenos para resguardar las instalaciones. Los trabajos se paralizaron el 29 de febrero a pesar de los esfuerzos para mantenerla, los fondos no fueron transferidos por el Gobierno Nacional.

Hoy solo resta instalar cámaras, sensores y puertas electrónicas. El resto de los trabajos están concluidos.

Desde la empresa estiman que en caso de contar con los fondos, en junio el penal podría terminarse. El penal de mediana seguridad está ubicado a seis kilómetros de la ciudad de Coronda y cuenta con acceso pavimentado.

El penal federal se ubica a seis kilómetros de la ciudad de Coronda.

Maiquel Torcatt / Aire Digital

A nueve años del inicio de los trabajos, el Centro Federal Penitenciario Litoral Argentino de Coronda, alcanzó un avance de 93%, ya que el inicio de su construcción se dio en diciembre del 2015, al finalizar el entonces gobierno de Cristina Fernández y el comienzo de la gestión de Mauricio Macri.

El penal federal de Coronda podrá albergar a 496 internos.

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La obra fue ejecutada por la Unión Transitoria de Empresa (UTE) que componen las firmas INSA S.A. – OCSA S.A. las cuales construyeron un edificio que albergará a 490 internos que estarán distribuidos en dos edificios. Estaba proyectado que el penal contara con dos pabellones colectivos, edificios de programas y servicios, capilla y escuela, edificio de seguridad externa, servicios generales, estacionamientos, casino de personal y cercos perimetrales.

La construcción del penal comenzó en diciembre de 2015.

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La construcción comenzó el 1.º de diciembre del 2015, tres meses después de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de ese momento, Julio Alak, desembarcó en la ciudad de Santa Fe y mediante un acto que tuvo lugar en el salón de actos de la Corte Suprema de Justicia provincial, adjudicó la obra a una UTE conformada por las empresas Iecsa y Ocsa.

Los trabajos en el penal tienen un 93% de avance.

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