La maniobra de una testigo vinculada a narcos para complicar al fiscal que investigó a Traferri
Mariana Ortigala está presa desde el año pasado en Rosario por una cadena de extorsiones y por haber subalquilado una vivienda a un vendedor de drogas. Había tenido desde 2019 una actuación com...
Mariana Ortigala está presa desde el año pasado en Rosario por una cadena de extorsiones y por haber subalquilado una vivienda a un vendedor de drogas. Había tenido desde 2019 una actuación como aportante de información al fiscal Matías Edery, en el rol de testigo protegida, contra Esteban Alvarado en la que este líder criminal terminó con prisión perpetua. Ahora vuelve a ser noticia por un hecho muy extraño. Y es que hace un mes pidió repentinamente declarar ante dos fiscales sobre un asunto que impacta en un caso de corrupción que compromete a fiscales y políticos.
Lo que dijo fue en circunstancias de gran rareza. Pidió hablar ante las fiscales santafesinas que llevan el trámite contra el fiscal Edery a quien Ortigala le aportaba información sobre Alvarado. Ahora estas fiscales investigan una denuncia que afirma que Edery le garantizó impunidad a Mariana Ortigala en sus delitos a partir de su colaboración. Las fiscales María Laura Urquiza y Bárbara Illera le recibieron declaración a Ortigala frente a su defensor en la cárcel de mujeres de Rosario donde se encuentra.
Mariana Ortigala, que tiene una historia iniciada como estafadora con autos robados vinculados a Alvarado, quería hablar de Edery. Pero el puntal de su testimonio fue un celular. Ese aparato pertenecía a Maximiliano "Cachete" Díaz, un miembro relevante de la Banda de Los Monos, que fue condenado a 29 años de prisión por varios delitos extremos, entre ellos el atentado extorsivo al Casino de enero de 2020 donde con una balacera mataron a un asistente.
La mujer apareció espontáneamente a hablar ahora de ese teléfono a cuatro años y seis meses de que fuera entregado en la Fiscalía de Delitos Complejos donde trabajaban Edery y el fiscal Luis Schiappa Pietra. Este celular tiene valor estratégico jurídico y político. Allí se encontró un mensaje que demostraba que "Cachete" Díaz, de Los Monos, recibía información desde adentro de la Fiscalía Regional de Rosario. El que la suministraba era Nelson Ugolini quien trabajaba en una oficina que acumulaba información estratégica de ese organismo. Se desempeñaba junto al fiscal Gustavo Ponce Asahad, ya condenado por corrupción, y con Patricio Serjal, el fiscal regional de Rosario, que será juzgado próximamente con Ugolini por esos mismos hechos.
El capitalista de juego ilegal Leonardo Peiti era quien hablaba con Ugolini. Cachete Díaz le solicitó información de adentro de la fiscalía a Peiti a quien extorsionaba. Y como Peiti además para no ser perseguido pagaba a los fiscales mencionados éstos, a través de Ugolini, le daban información.
Matías Edery
Estas referencias son importantes porque marcan la centralidad de ese celular en una investigación que a partir de 2020 conmovió al poder institucional en Santa Fe. Porque por este teléfono los fiscales Serjal y Ponce terminaron detenidos. Pero además al investigar a Peiti los fiscales Schiappa Pietra y Edery descubrieron que el capitalista de juego era contribuyente de campañas políticas con dinero sucio. Fue por eso que Schiappa Pietra y Edery pidieron el desafuero legislativo y la imputación del senador por San Lorenzo Armando Traferri. También del ex diputado provincial Darío Scattaglini que, sin fueros, está bajo acusación.
Sobre ese teléfono de Cachete Díaz es que casi cinco años después apareció a hablar Mariana Ortigala. En su declaración a las fiscales de Santa Fe relató que fue ella quien lo tenía y que se lo entregó en persona a Carla Belmonte, que es empleada de la Fiscalía de Delitos Complejos.
Sin embargo, hay pruebas contundentes de que ese teléfono llegó a la causa de manera muy distinta. Esas evidencias se mostraron en el juicio donde Cachete, dueño del celular, fue condenado a prisión y el tribunal las dio por válidas. Las pruebas indican que el teléfono fue encontrado por un joven estudiante en Rosario en la puerta de su edificio tras un allanamiento. Este joven consultó a un fiscal de Venado Tuerto, ya que ambos son de esa ciudad, qué podía hacer con ese aparato. Y el fiscal le recomendó entregarlo en la Fiscalía de Delitos Complejos donde estaban Schiappa Pietra y Edery.
El estudiante que entregó el teléfono es hijo de una familia de productores agropecuarios. Y el que le recomendó hacerlo allí es el fiscal Horacio Pueyrredón quien la semana pasada fue designado por la Legislatura de Santa Fe camarista de Ejecución Penal. Pueyrredón contó casualmente todos estos detalles hace cuatro meses ante los miembros de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura que tramitaban un proceso disciplinario al fiscal Edery.
A Carla Belmonte, que participó durante diez años de las pesquisas contra los criminales más peligrosos de Rosario, la denunciaron también por proteger a Ortigala. Algo que ella, una persona apreciada en el MPA, rechaza con todo énfasis, a la vez que indica como una conjetura maliciosa y sin pruebas.
Ortigala declara de forma repentina que ese teléfono se lo dio a Belmonte. Tal cosa genera la idea de que una investigación que conmovió al poder pudo estar viciada desde el primer momento. Pero la versión queda desacreditada por varios hechos
Mariana Ortigala declara de forma repentina que ese teléfono se lo dio a Belmonte. Tal cosa genera la idea de que una investigación que conmovió al poder pudo estar viciada desde el primer momento. Pero la versión de Ortigala queda desacreditada por varios hechos:
· El primero es que consta en el legajo la identidad del estudiante que lo entregó y también la declaración del actual camarista Pueyrredón afirmando que lo mandó.
· El segundo es que quien recibió allí el aparato y firmó el acta respectiva el 16 de enero de 2020 es la empleada Carina Fernández y no Carla Belmonte.
· El tercero es que Ortigala indica que el celular era negro cuando es blanco.
· El cuarto es que en la fecha que Ortigala dice haberle dado el aparato Belmonte fue antes del homicidio del cliente del casino Enrique Encino ocurrido el 11 de enero de 2020. Esto es un fallido, a su vez, por dos motivos. Por un lado, porque el interés por el contenido del teléfono de Cachete Díaz surge, precisamente, como consecuencia del homicidio, es decir después. Por otro, porque Belmonte estuvo de licencia hasta el 15 de enero.
Los fiscales Edery y Schiappa
Todo esto es un sugestivo episodio añadido a una pugna iniciada cuando el Ministerio Público de la Acusación de Rosario (MPA) avanzó contra sectores de poder institucional. Los fiscales Edery y Schiappa Pietra impulsaron a partir de aquel teléfono una pesquisa que terminó con el fiscal regional Serjal en un escándalo de corrupción que lo obligó a renunciar y afrontar un juicio. La misma pesquisa permitió descubrir que Peiti, empresario de juego, realizaba pagos a políticos para obtener un convenio que lo habilitara al manejo legal de máquinas online en Santa Fe. Algo que Peiti acaba de reconocer en una entrevista con LPO del domingo pasado.
Ir contra la incorporación a la causa de ese teléfono, que es el acto inicial, parece tener un valor táctico muy alto para una pesquisa que compromete a personas de alta influencia en Santa Fe. Es pensable que por ello se pidan nulidades. Pero está claro que al teléfono en cuestión lo encontró un estudiante que se lo contó a un fiscal que hoy es camarista penal quien le aconsejó que lo llevara al Ministerio Público Fiscal (MPA) de Rosario. Y esa persona hizo eso según un acta donde dejó su nombre y apellido y que fue firmada el 16 de enero de 2020 por la empleada judicial Carina Fernández.
Sin embargo, el 8 de julio pasado en la Unidad Penal 5 de Rosario Mariana Ortigala dijo que le dio en mano a la empleada judicial Carla Belmonte ese celular. Ni siquiera parecen creerle las fiscales Ilera y Urquiza, que buscan probar que Edery y Belmonte amparaban a Ortigala, cosa que ellos niegan rotundamente.
Este medio supo del inesperado testimonio de Ortigala por un hecho fortuito y difícil de explicar. El capitalista de juego Peiti se lo reveló a LPO en la nota publicada este domingo. ¿Cómo se enteró él de la declaración de Ortigala, que estaba incluida en un trámite reservado del que no es parte? ¿Cuántos más están al tanto? ¿Por qué motivos de la nada aparece esta mujer ligada a fuertes organizaciones criminales -primero a Alvarado y después a Los Monos- a insertar una aparente mentira en una declaración donde juró decir la verdad?
Ortigala se presenta ante las fiscales de Santa Fe que tienen el trámite que busca imputar a Edery por protegerla. En las nueve páginas de su declaración hay largos párrafos dedicados al vínculo que hizo con Edery cuando era su informante de la causa Alvarado. Pero el punto culminante de su declaración es que ella consiguió y entregó el teléfono de Cachete Díaz. Es difícil estimar por qué lo hizo. Una incógnita no difícil de desentrañar es que esa declaración estaría llamada a impactar en Rosario en el caso que ahora manejan los fiscales Marisol Fabbro y José Caterina contra el ex líder de la Fiscalía de Rosario y uno de los hombres más fuertes del Senado de Santa Fe. Estos últimos, si la historia del teléfono que contó Ortigala se sostenía, estaban en condiciones de pedir una nulidad. ¿Golpe de billar a dos bandas? Hablar en una causa en Santa Fe para causar un efecto en una causa en Rosario.
El Ministerio Público de la Acusación es campo de ensayos de actores políticos que con el desplazamiento de los fiscales que los investigaron originariamente volvieron a sentirse fuertes y despliegan sus pasos. El celular aludido a cuatro años y medio de su aparición es el eje de la causa ¿Fue una acción puramente personal de Ortigala ir a hablar del teléfono cuando la prueba en contra la desmiente palabra por palabra? La respuesta posiblemente se vea a corto plazo.
En el medio los fiscales que impulsaron esta causa fueron apartados de ella por el MPA como pedía el propio Traferri para admitir ser investigado. Son fiscales a los que decenas de jueces les dieron la razón en juicios complejos donde fueron condenados los actores más violentos del campo criminal.
Nadie en Rosario como Edery y Schiappa Pietra obtuvieron validación judicial de sus pesquisas reflejadas en sentencias a prisión perpetua o graves. Investigaron con éxito a los autores de atentados a jueces, a Alvarado, a Los Monos, a los que causaron una irreversible contaminación ambiental en una petroquímica que puede llevar a prisión a Sergio Taselli, uno de los más importantes empresarios de la Argentina. Edery tiene una causa penal por proteger a Ortigala que él dice fue inventada con recortes parciales. Schiappa Pietra fue corrido del lugar de litigante en las causas políticas, de las que solo conserva un lugar como asesor a sus reemplazantes, y se dedica solamente a casos de homicidios comunes.